Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó la existencia de contrataciones irregulares para la limpieza del Riachuelo y complicó al juez federal Luis Armella, al brindar su informe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo al informe, las seis empresas contratadas no sólo guardan vínculos entre sí, sino que algunos de sus socios tienen lazos familiares con el juez Armella, a cargo de ejecutar el fallo que ordenó las tareas de saneamiento.
“Se encuentran vinculadas por la composición de sus órganos de administración y fiscalización; la identidad de sus socios; la coincidencia de sus domicilios; sus integrantes presentan relaciones familiares entre sí y cuatro de ellas fueron instrumentadas por el mismo escribano”, indica el informe de la AGN, que preside Leandro Despouy.
Luego de la difusión del informe que comprometía a Armella, la Corte que se investigara las contrataciones que hizo la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) con empresas que son de familiares y allegados del juez.
La ACUMAR, a través de AySA y la CEAMSE, le encargó obras de colocación de defensas costeras y recomposición de taludes del río a la constructora M&T, cuyos accionistas también pertenecen a otra firma, “San Martín 264 Bernal S.A.”, que está integrada por la esposa y el suegro de Armella, más otros allegados. Y esas obras fueron asignadas por contratación directa , ya que el propio juez federal intimaba a ACUMAR, AySA y la CEAMSE a que iniciaran las tareas de manera urgente, sin dar tiempo para una licitación pública.
Además, otras firmas, también de allegados al juez, participaban en consultas de precios, un paso formal obligatorio. Pero se supone que en realidad esas “competencias” habrían sido farsas para justificar que se le diera el contrato a M&T, que presentaba la mejor oferta.
En cuanto a lo que sí pudieron controlar hallaron falta de documentación obligatoria en la contratación de obras públicas, rendiciones de cuentas imprecisas y atrasos importantes de obras.
Despouy también aseguró que de los 5.300 millones que el Gobierno nacional, debía invertir en el Riachuelo este año, hasta octubre sólo se habían ejecutado 2.500 millones.
A su vez Anselmo Sella, encargado de la Defensoría del Pueblo de la Nación, aseguró que no hay controles suficientes a las empresas que vuelcan tóxicos en el río y denunció que hay atrasos en la construcción de viviendas y la reubicacion de las 17.000 familias que viven en asentamientos en la cuenca, además de deficiencias en las obras
